Resumen: Reitera el actor la nulidad del despido verbal que alega desde una subyacente relación de trabajo con su esposa que la sentencia recurrida rechaza. Examina la Sala las implicaciones (juridicas) de la relación conyugal con la de trabajo por cuenta ajena atendiendo a las normas (tanto sustantivas-laborales como de Seguridad Social) más directamente comprometidas por aquella litigiosa calificación (en singular referencia al umbral de laboralidad de una prestación de actividad en régimen familar). Normativa que (a entender de la Sala) conforma una prsunción iuris tantum de exclusión de la relación de trabajo en la medida que la norma estatutaria así lo dispone respecto a familiares-convivientes con vinculo matrimonial.
Partiendo de las notas caracteristicas propias del contrato de trabajo (en concreto, las referentes a la dependencia y ajeneidad) se advierte que el demandante prestaba sus servicios como gerente-coordinador de todas las tareas de gestión y administración de la empresa; no sometiéndose al ámbito de dirección y control propio de la relación laboral. Además de disponer libremente de las cantidades que figuraban en la cuenta de la empresa 3 dias antes de que comunicara a la demandada su voluntad de divorciarse.
Resumen: Recurre el INSS el censurado pronunciamiento judicial que reconoce al beneficiario su derecho al percibo de jubilación tras haber cesado en su trabajo como consecuencia de un ERE (con el complemento de paternidad previsto legalmente); reiterando la Entidad Gestora el carácter voluntario del mismo. Remitiendose al pronunciamiento que cita reitera la Sala su criterio según el cual (y conforma a una ya consolidada jurisprudencia) el requisito de que la jubilación anticipada haya de ser voluntaria debe examinarse desde la hermenéutica que efectua de la Normativa de Seguridad Social aplicable al caso, advirtiendo (en armonía con lo resuelto por el Alto Tribunal) y en aplicación de aquella imputable al hecho causante) que la jubilación del actor no se puede considerar anticipada voluntaria al amparo del art. 208 LGSS , sino del art.207; encontrándonos, así, ante una jubilación por causa no imputable al trabajador por lo que no concurre la exclusión del complemento de maternidad solicitado.
Resumen: Recurre el trabajador la sentencia que declara justificada la extinción de su contrato por causas ETOP, reiterando la improcedencia del despido impugnado desde la condicionante dimensión (jurídica) que ofrece un inatacado relato judicial de los hechos que la Sala analiza partiendo de los limites que se imponen sobre el control judicial de la causa en ponderada relación con el principio de libertad de empresa y bajo los criterios de idoneidad, oportunidad y razonabilidad de la medida adoptada por e empleador. Criterios de enjuciamiento que llevan al Tribunal a considerar (en armonía con lo resuelto en la instancia) que concurren las causas alegadas en la carta al haberse acreditado pérdidas y una disminución en las ventas; ofreciéndose, así, la medida extintiva como razonable en atención a dichas circunstancias.
En respuesta a la acumulada reclamación de cantidad por vacaciones no disfrutadas se acredita (documentalmente) que quedarían por compensar 2 dias de los 7 devengados; estimándose el recurso por este concreto concepto retributivo.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Donostia-San Sebastián desestimó la demanda por despido disciplinario improcedente de la trabajadora vendedora, basado en una supuesta transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza por conducir un vehículo de empresa fuera del horario laboral, en un accidente en el que conducía otra persona bajo influencia alcohólica. La instancia consideró la conducta grave y desproporcionada, justificando el despido. En el recurso, la trabajadora solicitó la revisión fáctica del hecho probado relativo a la falta de autorización para que otra persona condujera el vehículo, apoyándose en una declaración testifical autoinculpatoria. El TSJ recordó que la revisión fáctica en este recurso extraordinario está limitada a errores evidentes y palpables en la valoración de la prueba documental, excluyendo la prueba testifical para modificar hechos probados, salvo que sirva para interpretar documentos, lo que no ocurrió en este caso. Además, no se cuestionó la calificación jurídica del despido ni la existencia de incumplimiento laboral, sino solo la valoración de la prueba, que corresponde al juzgador de instancia. Por tanto, no se apreció infracción jurídica ni error en la valoración probatoria que justificara la modificación del fallo. En consecuencia, se desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora y se confirmó la sentencia de instancia.
Resumen: Admitiendo las resoluciones que se aportan con el recurso (al ser posteriores a la sentencia y guardar relación con el debate sobre la falta de acción declarativa para interesar la declaración de la relación laboral indefinida, constante la extinción de la misma; pendiente la resolución de la demanda por despido) examina la Sala esta litigiosa cuestión (excepcionada por la Administración demandada en su recurso), advirtiendo el Tribunal que su respuesta se condiciona al hecho de que la demanda declarativa se hubiese asociado alguna petición económica; lo que no acontece en el supuesto examinado. Lo que le lleva a concluir que, efecticamente, carece la actora de la acción que judicialmente se le atribuye pues, extinguida su relación laboral, resulta aplicable al caso la consolidada doctrina jurisprudencial que se reseña por cuanto a la fecha de celebración del juicio y dictado de sentencia en el proceso declarativo la pretensión deducida carecía de virtualidad en la medida que este mismo debate ya estaba planteado en el proceso de despido en el que impugnó la extinción del último contrato temporal de la trabajadora. Siendo aquél y no el enjuiciado en el que podría tener operatividad la declaración de indefinida; como así ocurrió, pues en dicha sentencia se declara, previa consideración de fraude en la contratación, a la trabajadora como indefinida no fija, reconociendo la antigüedad de su primer contrato.
Resumen: El auto del Juzgado de lo Social nº 11 de Bilbao estima la oposición formulada por el demandado frente a la ejecución de una sentencia de despido. La trabajadora solicitó la ejecución de la sentencia de despido dictada en agosto de 2023, cuya suplicación fue desestimada por el TSJ del País Vasco en abril de 2024. Sin embargo, en el recurso se alega la existencia de un acuerdo de extinción y renuncia de acciones firmado en mayo de 2024, posterior a la sentencia, que supuestamente afecta la ejecución. El TSJ señala que no es procedente ejecutar simultáneamente la sentencia y un acuerdo extrajudicial que no forma parte del proceso, pues la ejecución debe limitarse a lo juzgado, y cualquier incumplimiento del acuerdo debe dirimirse en otro procedimiento. Además, el recurso insiste en cuestiones relativas a cantidades devengadas durante la incapacidad temporal, pero no aporta hechos probados ni pruebas que permitan un pronunciamiento judicial sobre ello. Por tanto, el TSJ confirma que la oposición a la ejecución debe estimarse y desestima el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Donostia desestimó la demanda por despido presentada por la trabajadora contra la empresa UTE EAS y sus integrantes, tras considerar que el 8 de mayo de 2024 no se produjo despido sino baja voluntaria. Los hechos probados indican que la trabajadora prestaba servicios desde mayo de 2022 como agente de aparcamiento en el aeropuerto de Hondarribia para la UTE EAS, que gestionaba el servicio. El 8 de mayo de 2024, tras reincorporarse de una incapacidad temporal por accidente no laboral, manifestó al encargado su voluntad de dejar el trabajo, entregó material de la empresa y envió un correo solicitando el cese. Posteriormente, intentó retractarse mediante mensajes, pero la empresa ya había tramitado la baja con efectos desde el 9 de mayo, primer día no trabajado tras la renuncia. La trabajadora inició una nueva incapacidad temporal por enfermedad común el 9 de mayo, hecho posterior a la dimisión. Se alegaron amenazas por parte de otro trabajador, pero estas ocurrieron más de un mes después y no influyeron en la decisión inicial. El JS concluyó que la renuncia fue voluntaria, inequívoca y efectiva, sin que la posterior intención de retractación vinculase a la empresa ni convirtiese la baja en despido. En el recurso se solicitó modificar hechos probados y declarar la extinción como despido nulo o improcedente, alegando infracciones legales y constitucionales, pero el TSJ consideró que la prueba aportada no desvirtuaba la valoración de la instancia ni la conclusión sobre la voluntariedad de la baja. El recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora es desestimado y se confirma la resolución impugnada.
Resumen: Reitera el trabajador sancionado su pretensión de despido improcedente insistiendo en la excepcionada prescripción del incumplimiento que se le imputa al situar el dies a quo de la rección disciplinaria en la data en que la Direción de Auditoría suministró al empleador información cabal y suficiente para que éste pudiera ejercer la potestad que le es propia. Juicio de extemporaneidad que la Sala examina desde la hermenútica jurisprudencial del precepto estatutario que la regula en conjugada relación interpretativa con la norma de convenio aplicable al caso; y que le lleva a confirmar el censurado pronunciamiento de instancia pues si bien es cierto que el informe advirtió (en la fecha que se indica) la existencia de 11 boletos tipo RASCA de la ONCE con la zona destinada a la comprobación del premio rascada, pero que no habían sido vendidos ni se había cobrado su importe, ni su venta había sido registrada en el sistema informático, así como la falta en la oficina 10 boletos de igual clase (procediendo, al dia siguiente, a comprobar ante los auditores los boletos rascados para regularizarlos en los sistemas abonando su importe) no solo constató una irregularidad que podía ser puntual; pero no fue sino con posterioridad que se acreditó que se trataba de una conducta reiterada en el tiempo.
Resumen: Reitera la trabajadora postulada la improcedencia de su despido como empleada de hogar; centrándose la cuestión de litis en determinar la imputación de responsabilidad (como empleadora) por su cese en esta especial condición. Cuestión que la Sala analiza desde la intima conexión existente entre el (irrevisado) relato judicial de los hechos (a conformar con las sugeridas rectificaciones de hecho propuesta por la parte impugnante) y el reproche jurídicip sustantivo de la conclusión obtenida por el juzgador en función de los presupuestos fáctico-normativos que la determinan. Hechos de los que (en armonía con lo resuelto en la instancia) no puede inferirse que la demandada se hubiera irrogado en alguno momento la cualidad de empleadora como así lo corroboría la circunstancia de que en la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales solicitada por la demandante consta declaración jurada de la demandada en la que refleja que el contrato de trabajo indefinido a la empleada de hogar lo cumplimentó una tercera persona que es la que, en definitiva, asume la condición de empleadora en cuyo domicilio vino prestando sus servicios la recurrente. Y ello sin que se haya acreditado que las ordenes relativas a las tareas a desempeñar fueran dadas por otra persona distinta mas allá de algunas las indicaciones que hubiera podido impartir sobre su horario.
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente, reiterando la gravedad y culpabilidad del incumplimiento que imputa al trabajador sancionado al haber desarrolado actividades incompatibles con su situación de IT; conforme al tipo-infractor de convenio que especificamente alude a la especialidad punitiva de esta clase de incumplimientos contractuales y que, según la Sala de suplicación, habrán de ser examinados atendiendo tanto al tipo de enfermedad como a los requerimientos de actividad del puesto de trabajo desempeñado.
Según resulta de lo informado por la prueba de detectives y la testifical practicada se constata que, en diferentes dias, se apreció al trabajador abriendo el capó de diferentes coches, portando una garrafa con poca cantidad de líquido en su interior y realizando tareas de conducción. Testimonio que, asu vez, refiere haberle solicitado que echara un vistazo al sensor de su vehiculo pero sin llegar a arreglarlo.
El Tribunal (en armonía con lo decidido en la instancia) considera nqye no realizó ninguna tarea incompatible con su situación de baja; pues no efectuó importantes esfuerzos físicos, manejando pesos o permaneciendo de pie largo período de tiempo; lo que hubiera podido perjudicar su curación.
